Estas personas “son llamadas a participar como patriotas cooperantes para, de alguna manera, informar, delatar, exponer a determinadas personas que dentro de la comunidad pudieran sospecharse que son calificadas contrarrevolucionarios
Quejarse, protestar o expresar libre y públicamente una opinión contraria al régimen de Nicolás Maduro en una zona popular del país puede llevar a una persona a convertirse en el blanco de los patriotas cooperantes que tiene el Estado en las comunidades y con los que ha logrado un control social pleno.
La figura es reconocida por el propio régimen como patriota cooperante y su principal propulsor es el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien en diferentes ocasiones ha señalado que conoce los movimientos de algún ciudadano de su interés, sea político, profesor, periodista o dirigente sindical.
Esta práctica no es constitucional, pero aún así está extendida por el país, sobre todo en los sectores en los que los ciudadanos dependen de ayudas sociales del régimen o dentro del ambiente político que le es contrario.
Algunos les llaman comisarios políticos, otros espías, infiltrados, soplones o simplemente patriotas cooperantes, y quienes han sido objeto de su atención señalan que el que se viste de esta figura puede ser miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, de organizaciones del partido del régimen o un simple vecino que sea afín al chavismo.
La versión del “colectivo”
De acuerdo con el abogado constitucionalista José Vicente Haro, la práctica comenzó en 2014, pero algunas víctimas de estos espías señalan que empezó una década antes con los colectivos, grupos civiles armados que actúan con violencia y que dicen actuar en defensa de la revolución bolivariana.
Ellos, explica a Efe el dirigente comunitario Manuel Mir, se encargan de identificar a las personas o líderes que dentro de la comunidad están denunciando los problemas sociales internos o aquellos que critican al régimen y, por ello, los amedrentan bajo insultos o amenazas con armas.
Mir fue dirigente social en la parroquia 23 de Enero, una de las zonas del oeste de Caracas más conocidas en la actualidad por estar controlada por colectivos. El también historiador tuvo que abandonar su comunidad en 2017, luego de recibir amenazas en su contra y tras el ingreso forzoso de estos grupos a su vivienda.
“Yo estuve mucho tiempo denunciando en la radio las situaciones en la parroquia (…) entonces a ellos les molestaba mucho cuando uno decía el problema del agua, el problema de la luz, el problema de los servicios públicos”, comentó Mir, quien además señaló que el hostigamiento constante le dejó daños psicológicos, emocionales y económicos.
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