El estudio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2024, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), arroja datos alarmantes sobre la situación social y económica del país.
Al considerar la definición de pobreza del filósofo estadounidense John Rawls, que relaciona ingresos primarios, derechos y libertades, se hace evidente la complejidad de este fenómeno en nuestro contexto.
Desde una perspectiva multifocal, como la que propone Sabina Alkire, el Banco Mundial establece una línea de pobreza en 2.15 dólares diarios. Sin embargo, en nuestro país, el ingreso mensual promedio apenas alcanza los 3.5 dólares, lo que pone de manifiesto la precariedad económica que afecta a millones de ciudadanos.
En el ámbito educativo, la situación es igualmente crítica. Solo 2.6 millones de niños y adolescentes están escolarizados, representando apenas el 66% de una demanda potencial de 10 millones. De estos, un 40% enfrenta irregularidades en su asistencia debido a la falta de docentes, problemas de transporte y escasez de recursos básicos como electricidad y agua.
Además, un 31% de los jóvenes opta por trabajar en lugar de estudiar, motivados por razones económicas y una percepción de que lo aprendido no resulta útil. Esta problemática se agrava por el alto índice de embarazos adolescentes, que afecta principalmente a las mujeres, quienes a menudo deben asumir el cuidado de sus hijos en lugar de continuar su educación.
La salud también refleja una crisis profunda: un 45% de la población evita acudir al médico, optando por soluciones automáticas ante la imposibilidad de cubrir los costos de atención sanitaria.
La migración se ha convertido en una constante, con un número creciente de personas buscando mejores oportunidades en países como Estados Unidos, España y Chile. Asimismo, la movilidad interna ha aumentado, con 2.1 millones trasladándose desde áreas rurales hacia ciudades o entre estas, en busca de condiciones más favorables.
Las condiciones de vida son alarmantes; muchos ciudadanos residen cerca de basureros y quebradas, lo que incrementa el riesgo físico y ambiental. Un tercio de la población enfrenta altos niveles de vulnerabilidad alimentaria debido a sus bajos ingresos, concentrándose esta crisis en los estratos más pobres. Esta situación alimentaria crítica propicia un aumento en la desnutrición y enfermedades sanitarias.
Los datos presentados evidencian una serie de dificultades que requieren atención urgente a través de políticas públicas efectivas y sostenibles. El asistencialismo ha demostrado su ineficacia; es imperativo desarrollar planes que cuenten con los recursos presupuestarios necesarios para generar un cambio real.
En conclusión, es hora de adoptar medidas concretas y eficaces para corregir el rumbo actual. Debemos dejar atrás las promesas vacías y comprometernos con el rescate de una población que representa el futuro del país. Solo mediante un enfoque integral y sostenido podremos construir una sociedad más equitativa y resiliente. La acción es urgente; el momento es ahora.
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